Los jueces se quedaron casi sin la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la prisión para esos delitos y esto generó un incremento de la población femenina en cárceles, señaló a Subrayado la senadora del FA Bettiana Díaz.
De las 1.396 mujeres presas hasta febrero del 2026, el 62% están procesadas por delitos vinculados a estupefacientes, y el 70% de ellas tiene entre 20 y 39 años.
El proyecto de ley presentado por FA le restituye al juez la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad a mujeres imputadas por delitos de drogas, y a conceder régimen de prisión domiciliaria en caso de embarazo o lactancia.
Ya hubo cambios en el 2023
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a Subrayado que el efecto de la LUC fue subsanado en el 2023 con una modificación introducida en la Rendición de Cuentas de aquel año, que le daba al juez la potestad de observar como tentativa el delito vinculado a estupefacientes (como el ingreso de droga a las cárceles).
De esta forma ese delito dejaba de tener una pena de 4 años y pasaba a ser excarcelable, pudiendo un juez determinar como medida cautelar la prisión domiciliaria de la mujer procesada.
